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Nota de prensa desde Federación Mujeres Jóvenes en respuesta a la sentencia del Juicio de ‘La Manada’ celebrado el 26 de abril de 2018
Desde Federación Mujeres Jóvenes expresamos nuestra más profunda indignación y rabia ante la sentencia emitida en el juicio del caso de ‘La Manada’, celebrado el 26 de abril de 2018 en la Audiencia Provincial de Navarra. Este juicio se presentaba como una ocasión perfecta para asentar nuevos precedentes en la legislación de las agresiones sexuales en España, abriendo un camino que dejase atrás la justicia patriarcal que tradicionalmente impera en nuestro país y que apostase por un viraje hacia la mayor protección de las víctimas de violaciones. Desgraciadamente, esta oportunidad para demostrar la creación de un sistema judicial más propio de este siglo XXI basado en la igualdad de género, fue desaprovechada, revelando que el machismo y que la cultura de la violación siguen perpetuándose desde las más altas esferas de poder, contaminando así nuestra sociedad.
Los cinco agresores que, en San Fermín, un 7 de julio de 2016, agredieron a una joven de 18 años en un portal, penetrándola por vagina, boca y ano y eyaculando en su interior, fueron condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no agresión al no reconocerse, ni en la descripción de los hechos por parte de la víctima ni tal y como mostraba el vídeo grabado por los agresores, ningún atisbo de violencia o intimidación. Verdaderamente, no somos capaces de dar crédito a que este acto en sí mismo, en el que la desigualdad de género y de número y por lo tanto, la incuestionable intimidación asociada, aún sea juzgado como un mero abuso.
La cantidad de años de la condena, en nuestra opinión insuficiente por proporcionarles la posibilidad de una libertad parcial a través de permisos al tercer año, lo cual no sólo incrementa las posibilidades de su reincidencia, sino que entra en total conflicto con la función aislante de la cárcel sólo es la punta del iceberg de este caso. A nuestro parecer, la gravedad de la sentencia reside en que una situación en la que cinco hombres atrapan a una mujer joven y desprovista de medios para defenderse y mantienen relaciones sexuales forzosas con ella se haya considerado un abuso sexual y no una agresión sexual por la supuesta ausencia de violencia e intimidación.
Para colmo, en el voto particular de algunos magistrados ha quedado clara su incapacidad para entender en qué consiste el consentimiento sexual y en qué consiste una violación. En su decisión la justicia ha revelado que a la hora de juzgar el ejercicio de la violencia y la intimidación continuada por parte de hombres a mujeres en nuestra sociedad, el foco sigue dirigido a la víctima y a su reacción, restándole importancia a la brutalidad tras las acciones de los agresores. El grado de violencia del acto se mide según la capacidad de la víctima para demostrar que estaba siendo sexualmente forzada ya que, desgraciadamente, para los magistrados que firmaron la sentencia, que cinco hombres metiesen a una mujer en un portal para tener relaciones con ella no constituye una intimidación suficientemente relevante.
Esta sentencia plantea una realidad desoladora para todas las mujeres, como víctimas o víctimas potenciales de violaciones y de cualquier tipo de agresión sexual. Nos deja en una posición de impotencia ante una justicia que pretende que asumamos sus funciones de defensa y protección de manera particular mientras ellos, tal y como clarifica el contenido de esta sentencia, actúan de cómplices de los agresores al dejar sus acciones de violencia e intimidación libres de todo juicio por lo tanto permitiendo que potenciales violadores continúen campando a sus anchas. Mientras tanto, las mujeres seguimos siendo cuestionadas hagamos lo que hagamos.
Ante una justicia que normaliza las violaciones en grupo como un suceso habitual en fiestas como San Fermín, las asociaciones feministas no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sin embargo, en este caso, el problema al que hacemos frente no debería ser solamente responsabilidad de las asociaciones feministas, sino del conjunto de la sociedad. El patriarcado está inyectado en ella como un virus, lo cual queda reflejado en el Código Penal y en el que hecho de que la ley contemple y apruebe actuaciones de una injusticia manifiesta, tal y como ejemplifica este caso concreto.
La justicia nace de la idea de construir una sociedad mejor y está claro que en una justicia patriarcal las mujeres continuaremos en peligro. En peligro de ser violentadas, maltratadas, excluidas e ignoradas. En peligro de que como a C. la justicia que nos debe proteger no nos crea y al mismo tiempo nos responsabilice de lo ocurrido. En esta sentencia queda claro que las mujeres nos encontramos en un limbo de desprotección e indiferencia en el que cuando denunciamos una violación no nos creen, si no denunciamos se nos toma por inútiles y si nos resistimos, expresando de manera clara nuestra falta de consentimiento y sin dar lugar a equívocos, nos arriesgamos a que nos maten. Las agresiones sexuales presentan unas altas cifras en España por lo que es urgente tomar medidas para que el sistema judicial considere también los derechos más básicos de la mitad de la ciudadanía, las mujeres, de quienes se ha olvidado al mismo tiempo que reconoce la violencia de género y el patriarcado de manera transversal, legislando en consecuencia.
Este cambio sería un triunfo, pero a largo plazo un parche. La verdadera revolución y lo que la sociedad necesita para que las mujeres recibamos por fin el trato que merecemos es una educación feminista. Una educación contra la cultura de violación, explicando qué es el consentimiento y cómo identificar cuándo una relación sexual se está consintiendo y cuándo no. Una educación en la que se promuevan prácticas sexuales feministas que destierren aquellas basadas en la desigualdad de género, aprendidas en el porno más machista y que desmitifiquen las violaciones como una fuente más de diversión masculina y la sumisión de las mujeres ante la agresión como un patrón de placer sexual femenino normalizado. Una educación que rechace la intimidación, objetificación y trato violento a la mujer como un rasgo inherente y empoderador de la masculinidad hegemónica y que fomente la idea de que el responsable de una violación es el violador y no la víctima.
No podemos consentir que situaciones así se repitan. No podemos permitir que sigan sin llamarse a las cosas por su nombre, porque no es abuso, es violación. Llegó la hora de juntarnos, apoyarnos y luchar sin descanso por una justicia feminista.