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A la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad,
Al Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Desde Federación Mujeres Jóvenes nos ha alarmado y enfurecido la existencia del siguiente Curso de Verano: ¿Avanzamos hacia una regulación de la gestación por sustitución en España con garantías?
La gestación por sustitución- también conocida como vientres de alquiler- o lo que desde el movimiento feminista insistimos en nombrar como explotación reproductiva de las mujeres, es una práctica que atenta contra la dignidad de las mujeres, instrumentaliza sus cuerpos y mercantiliza la capacidad reproductiva de las mujeres.
Cabe recordar que la gestación por sustitución es ilegal en España. La legislación vigente (Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida) considera nulos los contratos de gestación por sustitución, y el marco jurídico actual protege a las mujeres frente a la explotación reproductiva. Pretender abrir el debate sobre su “regulación” desde una institución pública supone blanquear una práctica prohibida por nuestro ordenamiento jurídico y rechazada por organismos internacionales que la consideran una forma de violencia contra las mujeres.
Las universidades públicas tienen la responsabilidad ética y social de ser espacios comprometidos con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Como instituciones de conocimiento, investigación y formación crítica, deben situarse del lado de los derechos humanos y trabajar activamente por la plena igualdad entre mujeres y hombres. Esto implica no solo denunciar y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, sino también generar marcos teóricos, herramientas y saberes que permitan a las mujeres comprender, cuestionar y superar las desigualdades estructurales que atraviesan sus vidas. La universidad pública no puede ser neutral ante la injusticia: debe posicionarse claramente como un motor de transformación social y de emancipación feminista.
Nos preocupa especialmente que una Universidad Pública, como la UNED, contribuya a blanquear y legitimar esta práctica, abriendo espacios académicos que plantean su regulación como una posibilidad legítima.
Por todo ello, exigimos:
No hay derechos reproductivos sin derechos de las mujeres. Un deseo no es un derecho, y más si a costa del cuerpo, la salud y la dignidad de otra mujer.
Por la abolición de toda forma de explotación reproductiva. Por una universidad pública comprometida con los derechos de las mujeres.