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Este jueves, 25 de septiembre, presentamos el informe: «El aborto en España: Barreras y retos para garantizar el derecho a la IVE«. Para inaugurar el acto, contamos con la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández. Lucía Candeira, coordinadora técnica de Federación Mujeres Jóvenes, y Laura Selena Báez, integrante de la Junta Directiva presentaron el estudio y las propuestas políticas de la entidad.
En la mesa redonda, abordamos y reflexionamos sobre diferentes cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estuvo compuesta por Laura López, integrante de nuestra Junta Directiva, Belén Remacha, periodista de El País Audio y autora del podcast El aborto, asignatura pendiente en las universidades, y Raquel Hurtado, coordinadora del Área de Intervención Social de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
¿Qué está pasando con el aborto en España?
El informe constata que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España sigue marcado por desigualdades estructurales y territoriales que limitan la efectividad del derecho reconocido en la ley y en los estándares internacionales de derechos humanos.
No se trata de problemas técnicos aislados, sino del resultado de una falta de voluntad política y de un enfoque institucional que continúa tratando la IVE como una prestación excepcional.
¿Cúales son las principales conclusiones que arroja el informe?
Este trabajo ofrece un diagnóstico riguroso de las barreras que persisten y una hoja de ruta concreta para avanzar hacia un modelo de atención igualitario, inclusivo y libre de discriminación.
El objetivo de este informe es identificar las barreras que persisten en el acceso a la IVE, y analizar cómo afectan especialmente a mujeres jóvenes, mujeres en situación administrativa irregular y mujeres con discapacidad, y elaborar propuestas concretas para garantizar políticas públicas para un acceso equitativo y efectivo.
Asegurar un acceso real y efectivo a la IVE exige compromiso político sostenido, recursos suficientes, protocolos homogéneos y formación específica del personal sanitario. Del mismo modo, es imprescindible impulsar un cambio cultural e institucional que destierre el estigma y reconozca la IVE como parte esencial de la salud pública.
Garantizar el acceso a la IVE no es únicamente una cuestión de política sanitaria, sino una condición indispensable para el ejercicio pleno de la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres.
¿Qué propuestas planteamos?
El informe plantea un conjunto de medidas prioritarias orientadas a garantizar la igualdad, universalidad y calidad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Estas propuestas buscan abordar tanto las desigualdades territoriales como las barreras estructurales identificadas en el análisis.